La Jufed pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también se designe a un comisionado para verificar procedimientos de selección de jueces, magistraturas y ministraturas del Poder Judicial en México.

La jueza Juana Fuentes Velázquez, representante de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de México (Jufed), en entrevista dijo que, tras la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado Mexicano se le solicitarán informes, en particular sobre el método de selección de integrantes del Poder Judicial.

Además, deberá presentar garantías de no intervención de la delincuencia organizada y la intervención de un comisionado para verificar las disposiciones de la Reforma Judicial

Fuentes Velázquez explicó que la asociación, junto con organismos no gubernamentales y la relatora de Naciones Unidas, acudió a la CIDH para exponer los riesgos que perciben en la implementación de esta reforma, la cual introduce figuras como la elección popular de jueces y magistrados y sus métodos de selección.

“En el terreno internacional hemos encontrado ese eco a la postura que hemos fijado frente a la reforma judicial. (La reforma judicial) no es garantía de respeto a esa independencia judicial”, explicó.

En ese sentido, dijo, que tras la audiencia ante la Comisión, “se requerirán algunos informes al Estado mexicano que justifiquen los diversos cuestionamientos que planteamos tanto nosotros como los comisionados”.

En su intervención ante la CIDH, Fuentes Velázquez subrayó que estos cambios ponen en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial, abriendo la posibilidad de que factores políticos o externos influyan en la selección y desempeño de los jueces.

La elección popular, en particular, fue señalada por la jueza como un elemento que podría socavar la independencia judicial, ya que expone a los magistrados a presiones de grupos de interés, como la delincuencia organizada y partidos políticos.

«No se puede garantizar una justicia imparcial si los jueces están sujetos a intereses externos.»

Dijo que presentaron uno de los aspectos más controversiales de la reforma, como el uso de un sistema de “tómbola” para asignar magistrados y jueces, por su falta de certeza y transparencia.

Según la jueza, este mecanismo no asegura que los candidatos tengan la experiencia y el perfil adecuados, comprometiendo la calidad de las decisiones judiciales y la estabilidad en la carrera judicial.

En cuanto a la situación en el ámbito nacional, Fuentes Velázquez explicó que, tras la desestimación de las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas por diversos partidos y autoridades, lo que queda son los juicios de amparo.

La jueza especificó que los amparos, tanto aquellos ya tramitados y que cuentan con suspensiones otorgadas, como los nuevos, permiten a los integrantes del Poder Judicial impugnar diversos actos derivados de la reforma.

“Todavía viene un largo camino en el terreno nacional”, apuntó, y agregó que cada acción, como la implementación de la tómbola y la convocatoria para jueces, puede ser impugnada individualmente al considerar que dichos actos no cumplen con los estándares legales.

Asimismo, señaló que durante la audiencia en la CIDH hicieron peticiones específicas, para justificar las políticas y procedimientos de selección de jueces y magistrados, evitando la interferencia de actores externos.

“Hicimos varias peticiones desde el hecho de que se verifique ese procedimiento establecido en la Constitución por parte de la Comisión”, y refirió la necesidad de asegurar que el proceso cumpla con estándares internacionales.

Fuentes Velázquez también expresó su inquietud respecto a la posibilidad de que el proceso electoral para elegir jueces y magistrados esté influenciado por el crimen organizado, partidos políticos y el Ejecutivo, destacando que es fundamental “garantizar que los mejores talentos” sean seleccionados.

Ante el cuestionamiento sobre la baja participación en la convocatoria abierta para el proceso de elección, la jueza Fuentes Velázquez explicó que esta situación podría deberse a los altos estándares impuestos por el Poder Judicial de la Federación, los cuales buscan garantizar que solo personas con experiencia y conocimiento accedan a los cargos.

“Prácticamente se está blindando que las personas que participen no sean personas improvisadas”, señaló.

Asimismo, Fuentes Velázquez agregó que la gran mayoría de jueces y magistrados actuales han optado por no postularse.

“No podemos ser congruentes si tenemos una defensa de cuál es la carrera judicial y qué es lo que garantiza la independencia judicial”.

La jueza indicó que, aunque la CIDH representa una instancia de carácter conciliador, en caso de que la situación no se resuelva en el ámbito nacional, no se descarta la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, Fuentes Velázquez indicó que preferiría evitar este camino, ya que implicaría escalar el conflicto a un nivel internacional.