La Fiscalía General de la República (FGR), impugnará la libertad de ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa y rechazó la determinación de la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

Así como de los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.

Además, lo calificó como una secuela procesal cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas.

La dependencia señaló que aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo genera una situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación, dada la brutalidad de los abusos cometidos.

Así como del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad.

“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará los recursos correspondientes para garantizar los derechos.

“Y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen“, detalló la FGR.

Subrayó que esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa.

La FGR resaltó que esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injusta de los medios que así han actuado.

Por otra parte, resaltó que difundió diariamente a nivel nacional, durante el 2023, más de 700 comunicados, y a nivel local cerca de cuatro mil comunicados más.

“Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios”, puntualizó.