En junio, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales.

El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), Gregorio Dalbón, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente, Javier Milei, por “abuso de autoridad”, a raíz de unas declaraciones del actual mandatario en el sentido de que él “tomó la decisión” de que la dirigente peronista fuera presa.

En el escrito judicial, Dalbón acusa a Milei de “la comisión del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal”, en virtud de expresiones realizadas durante una entrevista emitida el domingo en el canal La Nación+.

“Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa (Cristina Fernández)”, dijo Milei, quien usó el término “venganza” para referirse a la obligada renuncia del que iba a ser su cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del 26 de octubre, José Luis Espert, quien fue vinculado a un narcotraficante y se convirtió en protagonista de un escándalo.

En la entrevista, tras ser advertido por el periodista de que se estaba inmiscuyendo en temas de justicia, Milei agregó: “Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia hubiera arreglado que no la metan presa”.

Con esa declaración, el presidente intentó resolver su declaración inmediatamente anterior, que para el abogado de Fernández “presupone un acto de autoridad ilegal, en tanto la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces”.

Abogado de Cristina Fernández insta indagatoria a Milei
De acuerdo con la denuncia, la declaración de Milei “se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad” contemplado en el Código Penal argentino.

Dalbón pidió que se cite a indagatoria a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, con el fin de evaluar la apertura de un juicio político.

“La sola afirmación pública de haber tomado una ‘decisión’ de privar de libertad a una persona constituye un indicio de intromisión funcional y presión institucional sobre el Poder Judicial”, añade el documento, que califica el episodio como “un acto de gravedad institucional”.

En junio, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales, pero el peronismo considera que es víctima de ‘lawfare’, es decir, de instrumentalización de la Justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla.

Desde entonces, Fernández cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.