La iniciativa, que ha generado debate público, será analizada próximamente en la Cámara de Diputados
Ante las críticas dirigidas al proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal no realiza prácticas de espionaje ni de censura. Durante la conferencia matutina del 1 de julio, fue respaldada por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.
“Es importante aclarar lo que verdaderamente establece la ley y lo que no, sobre todo frente a las declaraciones que han generado preocupación. El gobierno no espía ni censura mediante esta nueva legislación”, expresó Peña Merino.
Detalló que el artículo 183 del dictamen aprobado en el Senado mantiene el mismo contenido que la ley vigente desde 2014. Según ese artículo, los concesionarios están obligados a colaborar con las autoridades encargadas de procurar justicia, conforme a lo que marcan otras disposiciones legales.
Enfatizó que la normativa no otorga facultades al órgano regulador, a la Agencia Digital ni al gobierno federal para acceder a datos personales de los usuarios. El artículo 182 (correspondiente al 189 de la ley actual) establece que dicha cooperación sólo puede realizarse mediante una orden escrita, fundada y motivada, emitida por una autoridad competente, en apego a lo establecido por las leyes.
Sostienen que la ley no vulnera derechos
Peña Merino recordó que tanto el artículo 16 de la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen una orden judicial para autorizar la localización en tiempo real de una línea telefónica, punto que ha sido confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, mencionó que el artículo 190 de la legislación vigente ya contempla que los concesionarios —y en su caso, los autorizados— deben colaborar con las autoridades de seguridad y justicia en la localización de dispositivos móviles, siempre conforme a la ley. Cualquier falta al cumplimiento de estas disposiciones se sanciona según lo previsto por el marco penal aplicable.
El texto aprobado por el Senado, en su artículo 183, conserva esta obligación, reiterando que dicha colaboración se realizará en los términos que marca la ley, y que cualquier omisión será objeto de sanciones penales.
La iniciativa, que ha generado debate público, será analizada próximamente en la Cámara de Diputados.
